Historias

Así fue el montaje del DAS, avalado por la Fiscalía, contra Alfredo Correa de Andréis

Sigue la controversia por la designación como magistrado del Tribunal Superior, del exfiscal Demóstenes Camargo.

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El 17 de septiembre próximo se cumplen 12 años del vil asesinato del sociólogo cienaguero, investigador y docente universitario Alfredo Correa De Andréis. Su memoria permanece grabada en los corazones de familiares, amigos, estudiantes y la sociedad barranquillera, que aún lamentan su sensible partida a causa de una “tenebrosa alianza criminal entre funcionarios del DAS y miembros de las Auc”.

Estas afirmaciones que responsabilizan a organismos institucionales del crimen del humanista, están contempladas en un fallo que condenó al Estado por este crimen.

El día del homicidio, viernes 17 de septiembre de 2004, paramilitares, en cooperación con miembros del extinto DAS, mataron a De Andréis por ser, supuestamente, ideólogo del Frente 59 de las Farc. Por semejante falacia la justicia colombiana abrió un proceso que terminó con la condena a 25 años de cárcel del entonces director de ese organismo, Jorge Noguera Cotes.

Alfredo Correa De Andréis. | lachachara.org

Correa fue víctima de un complot orquestado con pruebas ficticias, testimonios falsos, fabricados con guerrilleros desmovilizados y testigos inexistentes, entre otras pruebas irregulares. Con ese material apócrifo el catedrático universitario fue capturado el jueves 17 de junio de 2004.

Desde la cárcel Distrital El Bosque, Correa le envió una carta al entonces presidente Álvaro Uribe, en la que clamaba al mandatario para que fijara su mirada en la injusticia que estaban cometiendo con él. José Humberto Torres, abogado de la familia Correa De Andréis, explicó a

AL DÍA

que la decisión de abrir una investigación preliminar contra Alfredo Correa la tomó el fiscal Demóstenes Camargo De Ávila, el 3 de junio de 2004..

José Humberto Torres, abogado de la familia Correa.

Esta decisión surgió de un informe originado en el DAS por el investigador Javier Alfredo Valle Anaya, que se desempeñaba en la oficina del organismo en Valledupar. Valle Anaya es trasladado luego a Cartagena, y en esa ciudad busca a testigos falsos para que declaren contra Correa. Les paga $850 mil en efectivo a cada uno por orden de Rómulo Betancourt Garrido, director seccional del DAS en Bolívar. Utilizan el rubro de gastos reservados.

Pero es Demóstenes Camargo quien como fiscal legaliza el montaje de los funcionarios del DAS. Recibe declaración jurada de los desmovilizados Javier Alfredo Larrazábal, José Daniel Satizábal, Mayerlin Torres Carvajal, Eliécer Vivas Cuervo y Yamile Barrios Villegas, quienes aseguraron que Correa era ideólogo de las Farc. Los dos últimos mencionados declararon bajo juramento el 13 y 20 de agosto de 2003, sin una orden judicial para ello. Los demás recibieron ‘un libreto’ con las respuestas ‘que debían recitar ante la Fiscalía’.

El objetivo era que todos coincidieran al afirmar que en determinadas fechas habían visto en campamentos de las Farc a un hombre con las mismas características físicas de Correa De Andréis, supuestamente conocido con los alias de ‘Eulogio’ o ‘el Profesor’.

Pero la defensa demostró fácilmente con fotografías y certificaciones de las universidades en las que trabajaba Correa De Andréis, que en aquellos días en los que supuestamente adoctrinaba a guerrilleros en la selva, en realidad dictaba clases en la Universidad del Norte, y cumplía compromisos de todo tipo, en especial familiares.

Numerosas personas acompañaron a Alfredo Correa su última morada en el cementerio Jardines de la Eternidad.

Estas pruebas forzaron a la Fiscalía a revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Fue dejado en libertad el 14 de julio de 2004.

Al venirse al suelo el montaje para deshonrar la credibilidad y labor social de Alfredo Correa de Andréis, se puso en marcha un ‘plan B’, el definitivo: segar la vida del sociólogo.

Para la época de su asesinato Correa de Andréis llevaba a cabo investigaciones sobre patrimonios y personalidad jurídica de los desplazados en La Cangrejera, Pinar del Río y Loma Roja, sectores subnormales cerca de Barranquilla. Cuatro años antes hizo un estudio en la localidad palafita de Nueva Venecia (Magdalena), sobre los riesgos que tenía para el medio ambiente y para la comunidad, el montaje de un puerto carbonífero en el sector de Palermo. Sus trabajos defendían los derechos humanos, y eso lo estigmatizó en el clima de intolerancia paramilitar de la época a todo aquello que se opusiera al establecimiento. El fatídico viernes 17 de septiembre, Alfredo Correa caminaba junto con su escolta Edelberto Ochoa Martínez por la carrera 53 con calle 60, barrio El Prado, de Barranquilla.

Alfredo Correa De Andréis.

Eran las 2:20 de la tarde cuando apareció el sicario que primero mató a su acompañante. Luego, según testigos, Alfredo le suplicó al pistolero: “¡Hey, loco, no dispare!”, pero ya la suerte la tenía echada. El criminal le propinó dos disparos que lo llevaron a la tumba.

“En el desarrollo del juicio contra el director del DAS de entonces, Jorge Noguera, se conoció que Valle Anaya fue ascendido a subdirector del DAS en Barranquilla, y posteriormente trasladado al mismo cargo en el DAS Santa Marta. Por su parte Demóstenes fue ascendido a fiscal especializado, y luego a fiscal delegado ante el tribunal en Bogotá”,explicó el abogado José Humberto Torres sobre lo que llamó “el súbito ascenso de ambos”.

LA CONDENA A ‘JORGE 40’

Además de la condena al director del DAS, Jorge Noguera Cotes; una jueza especializada de Bogotá condenó a 26 años y 8 meses de prisión a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, máximo jefe del Bloque Norte de las Auc, como determinador del crimen de Correa.

El fallo de sentencia anticipada de primera instancia por los delitos dehomicidio en persona protegida, homicidio agravado, y concierto para delinquir, tiene fecha de 30 de marzo de 2011. La jueza Teresa Robles Munar reconoció el complot del DAS y las Auc para señalar a Correa como guerrillero de las Farc por el trabajo social con comunidades desplazadas, y como esa estrategia les falló “entonces lo mataron”.

La orden del crimen fue impartida por Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, con la anuencia de ‘Jorge 40’. Lo ejecutó Juan Carlos Rodríguez De León, alias ‘el Gato’, en compañía de Henry Patiño Hurtado, apodado ‘Felipe’, de la estructura sicarial del frente José Pablo Díaz.

Estos detalles reveladores, cuando casi todo estaba perdido en la investigación del homicidio, fueron dados a conocer por el abogado Jorge Enrique Palacio Salas, quien trabajaba para los paramilitares. Este profesional fue asesinado por esa organización la mañana del 20 de enero del 2006.

Estudiantes protestaron en contra de quienes sometieron a un silencio eterno al sociólogo Alfredo Correa De Andréis.

Para la Jueza no hay duda de que Tovar Pupo, pese a que intentó negar el crimen, estaba enterado de todo lo que sucedió, pues el Bloque Norte de las Auc era una estructura militar - delictiva jerarquizada, es decir, en la que se cumplían las órdenes y lineamientos que él establecía como comandante.

En el fallo Robles Munar concedió el pago de perjuicios morales tanto a la familia del profesor Correa De Andréis como a la de su escolta.

La togada consideró igualmente que “lo que aparentemente pudo ser información reservada de inteligencia proveniente de desprevenidos y correctos funcionarios al servicio del Estado, realmente resultó ser un montaje como lo pregonaba sin ningún eco el sociólogo Correa De Andréis dentro del proceso de rebelión en su contra. En total connivencia trabajaban algunos miembros del organismo de seguridad para que el grupo armado ilegal ejecutara a quienes fueran, fundada o falsamente, señalados de pertenecer o colaborar con la subversión”.

En el fallo la jueza concluyó que “de acuerdo con estas consideraciones, el profesor Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis, debido a su trabajo académico y social con población en situación de desplazamiento, fue víctima de una componenda realizada por agentes del organismo de inteligencia del Estado (DAS), en razón del cual fue señalado de ser ideólogo del Bloque Caribe de las Farc, investigado e injustamente privado de su libertad, que a la postre recobró. Pero realmente su condición de abanderado de causas sociales, sus trabajos investigativos en esa área, figuración y reconocimiento dentro de las comunidades y por el propio Estado, fueron el fundamento de tal señalamiento inescrupuloso que marcó el destino trágico del catedrático, porque la información calumniosa fue compartida por agentes del DAS y el frente ‘José Pablo Díaz’ del Bloque Norte de las Auc, cuyos miembros procedieron a ejecutar el asesinato de Correa de Andréis y su escolta, fingiendo que eliminaban a un guerrillero”.

Amigos, organizaciones de derechos humanos, y familiares de Alfredo Correa, realizaron un plantón frente al Tribunal Superior por la designación como magistrado de Demóstenes Camargo De Ávila.

SE REHÚSAN

Con base en este fallo de la jueza Teresa Robles Munar, para la familia Correa De Andréis y su abogado, José Humberto Torres; Demóstenes Camargo De Ávila debe declararse impedido para integrar el Tribunal Superior de Barranquilla. Consideran que el traslado que se le otorgó los revictimiza.

“Es de lamentar que antes no haya considerado dos situaciones que lo hacen tan inconveniente como impresentable: la primera, relativa al impedimento moral; toda vez que por causas atribuibles a su cuestionable forma de administrar justicia, a su paso por la Fiscalía, fue detenido primero, y luego asesinado Alfredo Correa”, declaró Torres. El abogado insistió en que de no ser por la detención que Camargo impartió, Correa no hubiese sido asesinado.

‘MI ACTUACIÓN SIEMPRE FUE AJUSTADA A LA LEY’

Demóstenes Camargo De Ávila, magistrado del Tribunal Superior de Pamplona (Norte de Santander), señalado públicamente por la familia Correa De Andréis como el fiscal que orquestó el montaje para privar de la libertad al sociólogo y docente universitario Alfredo Correa; con el rótulo de ideólogo de las Farc; lo que generó luego en su muerte por paramilitares, habló en exclusiva con

AL DÍA.

Demóstenes Camargo, magistrado de Pamplona.

¿Qué opinión le merece que distintas organizaciones de derechos humanos, amigos y familiares de Alfredo Correa de Andréis, y ciudadanos del común, lo hayan declarado “persona no grata” en barranquilla?

Esa es una acción de uso diplomático y solo en ese ámbito tiene significado. En un uso no diplomático, calificar a alguien como “persona non grata”, no tiene ninguna consecuencia jurídica, solo constituye una apreciación subjetiva de quienes así piensan. Como yo respeto los conceptos ajenos, esa calificación por más injusta y ridícula que sea, la respeto, pero me tiene completamente sin cuidado. En Barranquilla, como en toda Colombia, son más los buenos que los malos. Esto solo me recuerda la famosa expresión ‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’, que es ampliamente utilizada para señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los problemas que se le pueden ir presentando.

En el cruce de correos que usted tiene con la columnista de el heraldo y el universal Claudia Ayola, manifiesta que el argumento de darle el nombre de Alfredo Correa de Andréis a una estación de Transmetro es comparable con que en Venezuela haya un monumento a Tirofijo y Chávez: “hasta al diablo se adora en Venezuela, en realidad lo mismo ocurre en Colombia, donde se puede incluso adorar al diablo, así que nada extraño hay en que se venere a personas que daño le han hecho al país como Tirofijo y sus compinches”. ¿Se refería usted a Alfredo Correa como uno de esos compinches?

He aquí un ejemplo de las mentiras que la prensa vive divulgando. Yo jamás he afirmado que el argumento ‘de darle el nombre de Alfredo Correa De Andréis a una estación de Transmetro es comparable con que en Venezuela haya un monumento a Tirofijo y Chávez. Eso es una interpolación que han hecho los periodistas.

Estación de Transmetro Alfredo Correa de Andréis.

El abogado José Humberto Torres asegura que usted concertó con el investigador Javier Alfredo Valle Anaya para ‘empapelar’ a Alfredo Correa de Andréis. ¿Qué dice usted al respecto?

Eso es completamente falso. Yo ni siquiera conocía a Valle Anaya. Él ni siquiera trabajaba en Cartagena, hasta donde sé venía del DAS Atlántico. Eso ya constituye una calumnia de ese abogado. Le agradecería me enviara la grabación o el escrito firmado donde él hace esa calumniosa afirmación para poder iniciar acciones legales.

¿Por qué solicita usted traslado? ¿En qué consiste esa calamidad familiar de peso que lo motiva a cambiar de ciudad para desempeñar su labor como magistrado?

Dado que mi familia reside en Cartagena, Barranquilla es la ciudad más cercana, así puedo estar más cerca de ellos, especialmente con mis hijos que necesitan a su padre. En principio solicité el traslado para Santa Marta donde había una vacante, pero desafortunadamente me fue negado. Luego al darse la vacante en Barranquilla lo solicité nuevamente y esta vez conté con mayor suerte.

¿Por qué solicita el traslado a barranquilla y no a la misma ciudad de Cartagena donde se encuentran sus familiares?

Porque en Cartagena no hay vacantes de magistrado. Si las hubiera claro que habría pedido el traslado para Cartagena.

Según el abogado José Humberto torres usted es oficial de los profesionales de la reserva de la armada. “se viste de civil de lunes a viernes, y el sábado y domingo se uniforma como miembro de la armada de Cartagena”. Para el jurista eso le genera a usted “un impedimento de orden moral y ético, y le hace perder independencia e imparcialidad”. ¿Qué opinión le merece?

Completamente falso. Ese abogado definitivamente es un mitómano. No soy oficial de los profesionales de la Reserva de la Armada. No tengo esa dignidad. Ni siquiera presté el servicio militar. Si este es el asesor jurídico de la Familia Correa De Andréis, ahora entiendo por qué esa familia está tan equivocada conmigo.

La sala especial de descongestión no. 001 del tribunal contencioso administrativo de bolívar declaró “administrativamente responsable a la nación - rama judicial - fiscalía general de la nación, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con la privación injusta de la libertad que hizo padecer al señor Alfredo Rafael Correa de Andréis, y la condenó a pagar una indemnización económica”. ¿Aun así usted se mantiene en su posición de no haber causado ningún perjuicio, si tenemos en cuenta que en el proceso usted fungió como representante de la fiscalía (avaló testimonios y solicitó orden de captura)?

La pregunta es algo capciosa, pero aun así se la agradezco porque me permitirá desmentir una de las mentiras más difundidas en torno al caso de Correa De Andréis. Yo siempre he sostenido que mi actuación en el citado proceso fue completamente ajustada a la ley y al derecho. Prueba de ello es que nunca he recibido ni siquiera un llamado de atención de las autoridades que la han revisado. Sin embargo, los medios de comunicación han difundido la idea de que por el hecho de que el Tribunal Administrativo de Bolívar haya condenado a la Nación ( Fiscalía General de la Nación), por la privación de la libertad de Alfredo Correa, ello significa que los funcionarios de la Fiscalía actuamos indebidamente. Nada más falso que eso.

El hecho de que se haya condenado a la Fiscalía por la detención de Correa De Andréis no quiere decir que los funcionarios judiciales que participamos en ese proceso hayamos actuado mal, solo que como en esos casos la responsabilidad es objetiva, siempre se debe indemnizar al liberado. Entre otras cosas debo aclarar que no fui yo quien dictó la medida de detención preventiva en contra de Correa, yo solo libré la orden de captura para indagatoria, escuché la injurada y a los testigos, pero el proceso después pasó a otro fiscal, según el trámite normal, que fue quien dictó la medida de aseguramiento de detención preventiva. Y ese mismo fiscal fue quien revocó su medida de aseguramiento un mes después. Nadie niega que sí se irrogaron perjuicios, precisamente por eso fue la condena, pero no es posible afirmar que se haya actuado ilegalmente. La sentencia de condena no hace ninguna censura al actuar de los funcionarios de la Fiscalía, ni tampoco lo hizo la Corte.

¿Qué ocurre si la corte suprema decide revertir la decisión de trasladar al magistrado demóstenes Camargo a la ciudad de barranquilla?

No creo que la Corte se deje manipular, ni ceda a presiones ajenas a su autonomía. No creo que reverse su decisión, entre otras cosas porque no hay razones de orden legal, jurídico, ni siquiera morales para hacerlo. No tengo ningún impedimento ni moral ni legal para ocupar el cargo que concedió la Corte Suprema de Justicia. Mi presencia en Barranquilla no revictimiza a la familia Correa, pues ningún acto ilícito he realizado contra ellos ni contra nadie.