“Él preparó el homicidio de una forma fría, calculada”: abogado de familia de Clarena Acosta

El abogado de la familia de Clarena Acosta, asesinada el primero de enero de 2010 por el hoy condenado a 42 años y nueve meses de prisión, Samuel Viñas Abohomor, señaló que el empresario de las confecciones preparó el homicidio de la mujer en una “forma fría y calculada”.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el jurista afirmó que el homicidio de Clarena Acosta fue por dinero derivado de un arreglo que hizo la pareja por la liquidación de la sociedad conyugal.

“Él mató a Clarena por dinero, por un arreglo personal que hicieron por la liquidación de la sociedad conyugal. Tenía que darle 2.500 millones de pesos el 20 de enero de 2010”, aseguró el abogado Edgardo Niebles a la emisora capitalina.

El abogado reiteró que el Instituto Nacional de Medicina Legal no dictaminó que ameritaba el traslado de Viñas Abohomor a su lugar de residencia por la enfermedad.

“Medicina Legal no dijo que ameritaba la sustitución de la pena por la enfermedad, una situación de colon no es para que se vaya para la casa, puede seguir cumpliendo su pena en la cárcel, es que en la casa no se va a curar. A Popeye, que realmente estaba con cáncer y estaba muriéndose, no le dieron la casa por cárcel, eso depende de la cantidad de dinero que uno tenga para enfermarse gravemente. La enfermedad no era grave sino lo grave es el dinero que se recibió”, dijo el jurista.

Niebles dijo que Viñas Abohomor presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia en noviembre pasado cuando se enteró que iba a ser trasladado de Barranquilla a Cómbita, “porque en Barranquilla estaba gozando de unos beneficios que no tenía ni el director de la cárcel, se enfermó automáticamente”, afirmó.

“Los aplausos para el juez que dio casa por cárcel a este feminicida. La justicia está algo torcida”, cerró el jurista.

Revocatoria de domiciliaria

La Procuraduría General de la Nación solicitó, la tarde de este martes, revocar la detención domiciliaria concedida a Samuel Viñas Abomohor el pasado viernes, quien cumple una condena de 42 años por el feminicidio de su esposa Clarena Acosta, a quien asesinó disparándole en la cabeza el 1 de enero de 2010.

El recurso fue presentado ante el Juez Tercero Penal del Circuito por la Procuraduría 208 Judicial Penal I de la capital del Atlántico, al considerar “que no se cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley para sustituir la detención carcelaria por la domiciliaria”.

Para el Ministerio Público, el juez basó su decisión en un dictamen del Instituto de Medicina Legal que, a pesar de indicar que el detenido presentaba un estado de salud grave, “no mencionó que esa condición de salud fuera incompatible con la vida en reclusión en un centro carcelario”.

“El juez no podía hacer una valoración de la enfermedad o estado de salud de Viñas Abomohor a partir del documento pericial, más aún cuando el mismo sugiere que el procesado requiere un manejo intrahospitalario con fines terapéuticos”, agregó la Procuraduría en un comunicado.

A juicio del órgano de control, el juez no señaló las razones jurídicas por las que envío al domicilio al procesado, con lo que realizó valoraciones que normativamente son propias y exclusivas de los médicos del Instituto de Medicina Legal.

“El Ministerio Público recalcó que el juez justificó el traslado argumentando que la cárcel El Bosque no cuenta con los equipos médicos, pero no aclaró si en el domicilio de Viñas Abomohor sí existen los elementos necesarios para tal fin”, dice la misiva del Ministerio Público.

Rechazo del Gobierno

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez rechazó a través de un comunicado la decisión tomada por el juez 4 de Ejecución de Penas de Barranquilla.

En el documento, si bien el Gobierno dice que “respeta la independencia de las decisiones judiciales”, advierte que “no callará nunca ante las mismas, cuando estas representen un retroceso en los avances de la instauración de justicia para las víctimas, en especial las mujeres y particularmente cuando estas claramente beneficien sin razón e injustamente al criminal”.

Estas disposiciones, agrega, van en contra del principio de justicia y minimiza la gravedad de la sentencia y de los actos perpetrados por el condenado, “tal y como ocurre en el caso de Samuel Viñas, a quien precisamente la autoridad competente había ordenado anteriormente se trasladara a un centro de detención de alta seguridad para que cumpliera su condena”.

Por ello, Ramírez pidió a la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, ponerse en contacto con las autoridades competentes a fin de solicitar un análisis exhaustivo a la decisión y procurar que la medida sea revisada.

También, se lee en el boletín, la vicepresidenta solicitó a la consejera que mantenga permanente contacto y preste todo el apoyo necesario a los familiares de Clarena Acosta, “quien fuera la víctima de Viñas y quienes se encuentran altamente conmocionados por la decisión de otorgarle detención domiciliaria a su feminicida”.