Legisladores, empresarios y concejales, en la olla nauseabunda electoral
Fiscal Néstor Humberto Martínez develó resultado de macroinvestigación por corrupción en elecciones.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló ayer en Bogotá el resultado de la investigación que él llamó “la más grande olla de corrupción nauseabunda en las elecciones a Congreso en el país”.
Se desarrolló en varias regiones, y Barranquilla fue una de las ciudades mayormente salpicada con siete imputaciones a concejales y diputados del Atlántico. Además, interrogatorios a renombrados empresarios y pesquisas en el Concejo barranquillero y la Registraduría de Soledad.
“Hay capturados de diferente nivel, y se logró la identificación de más de dos mil (2.000) intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso”, dijo el fiscal.
Entre los nombres mencionados por esta cadena delictiva están las candidatas al Congreso Aida Merlano, conservadora; y Lilibeth Llinás, Cambio Radical. También Jorge Rangel, diputado conservador; Margarita Ballén, diputada conservadora; Juan Carlos Zamora, concejal conservador de Barranquilla; Aissar Castro Bravo, concejal conservador de Barranquilla; Aissar Castro Reyes, exconcejal de Cambio Radical y padre del concejal Castro Bravo; Vicente Támara, exconcejal de Opción Ciudadana, de Soledad, y Juan Carlos Zamora Calleja.
El próximo 30 de julio la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante.
CONTRATOS EN EL CONCEJO
Para su financiar sus actividades la organización tenía una fuente pública y otra privada. Había contratos de prestación de servicios con el Concejo de Barranquilla, en el que un concejal que fungía como presidente de la corporación otorgaba los contratos.
La financiación privada era de cientos de cheques de particulares. La misión de cobrarlos recaía en Edwin Martínez. En estas andanzas fueron hechos efectivos 21 cheques por más de mil millones de pesos, precisó el fiscal general.
Dado el volumen de dinero que manejaban, en Casa Blanca la sede política de Aida Merlano, se armaron caletas para esconder el dinero. “Hasta en la bañera se halló plata”, dice la investigación.
LOS EMPRESARIOS
La Fiscalía también llamó a “interrogatorio de indiciado a los poderoros empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría”. Serán interrogados “por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral”.
El jefe del ente acusador afirmó que tienen recaudado más de 2.112 horas de video y audios. “Se pudo establecer que se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas”, sostuvo el fiscal Martínez.
La organización venía operando desde 2015 durante las elecciones regionales y locales, y actuó a fondo en el 2018 para los comicios al Congreso. “La organización funcionaba al servicio de candidaturas apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos”, añadió el funcionario.
“Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales, no solamente con la senadora electa Aída Merlano”, dijo. La organización delictiva tenía administradores (encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros), punteadores (encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras); pagadores (encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes, coordinadores (entregaban contraseñas en casas de apoyo); y didactas (encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales), describió la Fiscalía en el comunicado.
“Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores, y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta”, informó el fiscal.
De hecho para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, los votantes llegan ahí a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral, y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.
“Los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba a adultos mayores, quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado”, agregó el titular del organismo investigador.
Según lo que estableció la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos, lo que constituye un delito nuevo.
