Situación jurídica de los procesados por el PAE en Atlántico se define el 30 diciembre
La defensa ha argumentado razones para pedir la libertad de los procesados, pero el juez señaló que debe analizar lo dicho por ambas partes “detenidamente”.
Durante la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento, celebrada ayer, en contra del secretario de Educación, Dagoberto Barraza y otras tres personas por las supuestas irregularidades en el PAE, juez Delio Iván Nieto anunció que la decisión la emitiera el próximo 30 de diciembre.
El juez 17 Penal Municipal de Barranquilla señaló que la fecha la fijó dado a que tiene que analizar “detenidamente” las exposiciones de las partes para poder determinar si impone o no la medida de aseguramiento contra los procesados.
“El término del tiempo para resolver esta situación esta dentro de los cinco días que me otorga la ley. El 30 daría la decisión le guste o no a las partes. Todo está dentro de los plazos razonables ”, señaló el juez al anunciar la fecha.
El togado manifestó que durante espacio de tiempo se podrán analiza la petición de la Fiscalía, que fue cárcel para los cuatro procesados y valorar además la solicitud de la Procuraduría que avala la petición, pero a uno de ellos solicitó medida domiciliaria y la defensa rechazó las solicitudes. “Yo necesito estudiar todas las participaciones de manera prudente”, dijo el juez.
Durante dos días, la defensa del secretario Barraza y la del funcionario público Emil Armando Pacheco, así como la de los contratistas Uriel Eduardo Reyes y Félix Enrique Barrios refutaron los argumentos que expuso la Fiscalía en contra de los investigados.
En las diligencias los abogados argumentaron las razones por las que sus defendidos “no debían continuar privados de libertad”, además de las razones por las que debían recibir otras medidas privativas, diferentes a la cárcel o domiciliaria.
No es la audiencia de ‘el Zar’
El abogado Jhon Faber Buitrago, miembro de la bancada de la defensa del secretario de Educación del Atlántico, señaló que las audiencias preliminares que se llevan a cabo por las supuestas irregularidades del PAE en el departamento no son contra Alejandro Hernández Vidal, ‘el zar’ del programa en la Costa.
“La Fiscalía inició con un esquema que, al parecer, ha sido sistemático en la contratación del PAE a nivel nacional y fue un acto que utilizó al momento de la imputación del Dr. Barraza. El ente nombró en muchas oportunidades a Hernández Vidal, pero esta no es la audiencia ni se están ventilando acusaciones contra este señor”, dijo el abogado.
Faber Buitrago aseguró, previo al inicio de la última fase de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Barraza y otras tres personas, que “este escenario es el equivocado para lo que viene buscando la Fiscalía”.
“Los reparos contra esas empresas, fundaciones y asociaciones los debe hacer el organismo competente para ello ante las instancias. La Fiscalía se duele que un indeterminado número de empresas hayan manejado el PAE en el país de manera recurrente. Pero el ente debe encausar la investigación a los entes competentes si hay algún tipo de monopolio o competencia desleal”, manifestó el abogado.
