Familia barranquillera habría lavado más de 5,100 millones de pesos en contrabando

• El Juez Noveno Penal decretó medida de aseguramiento en su lugar de residencia contra cinco miembros de una familia barranquillera.
• Los acusados, incluyendo un funcionario de la Dian, fueron capturados por lavado de activos producto de actividades de contrabando.
• Se incautaron divisas, dinero, joyas y documentos que evidenciaban el delito, implicando un lavado de activos y enriquecimiento injustificado.

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Contra cinco miembros de una misma familia fueron decretadas medidas de aseguramiento, luego de que la Fiscalía los encontrara responsables de hacer parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país. La medida fue dictaminada por el Juez Noveno Penal con funciones control de garantías, Maxlinder Pichón Montaño. 

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Entre los acusados se encuentran Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y su pareja Iris del Carmen Oviedo Cantillo.

Junto a ellos están sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, así como también su nuera María Luisa Arango Vergara.

Todos fueron capturados en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en el norte de Barranquilla, a mediados del mes de marzo.

Según las investigaciones, Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dian, habría facilitado el paso de mercancía de contrabando y evadido los controles aduaneros, recibiendo dinero a cambio.

Este dinero habría sido invertido en diversos negocios, como ganadería y compra de tierras en Planeta Rica (Córdoba), así como en la adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Los bienes, presuntamente, fueron puestos a nombre de familiares y terceros para darles apariencia de legalidad.

Las investigaciones financieras evidenciaron un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos desde 2020 hasta la fecha.

Ante estos hallazgos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados no aceptaron los cargos.

Estos bienes quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en un esfuerzo por desarticular la estructura delictiva y recuperar los activos obtenidos ilícitamente.